Por ahora el panorama de gestión en el gobierno nacional con Cristina Fernández de Kirchner recuperándose de su operación, es de absoluta tranquilidad. Esta es la idea que desde el Ejecutivo se quiere mostrar ante la sociedad, despejando cualquier tipo de preocupación. La intención concreta es reflejar un gobierno trabajando, en permanentes reuniones cruzadas y reglamentando decretos ya publicados en el boletín oficial, pero sin mostrar decisiones trascendentales, reservadas para la Presidenta.

En este sentido, se multiplicaron en las últimas horas las reuniones de todos los ministros con diferentes áreas de gobierno, como también las consultas abiertas, públicas y cruzadas entre ellos. Se menciona en cada uno de los casos, que todas las decisiones que se van tomando fueron avaladas por la Presidenta.

Avanza lentamente una negociación clave, que podría modificar la situación laboral y política en el 2012. El gobierno, cuando la Presidenta ya esté plenamente recuperada y en funciones, podría presentar ante la sociedad un acuerdo de aumento salarial para este año con una pauta del 18%. La particularidad es que lo rubricarían los dos gremios industriales más importantes del país: SMATA y la UOM.

Los sindicatos de Ricardo Pignanelli y Antonio Caló no tienen problemas en aceptar ese porcentaje (que se pagaría en dos liquidaciones semestrales), y mostrarse rubricando este acuerdo con la Presidenta durante febrero. A cambio, piden una especie de compromiso empresario de acuerdo de precios, algo que sigilosamente el gobierno ya está negociando.

Para el gobienro, resulta fundamental esta meta del 18%, ya que quiere mostrar hacia el sector privado signos de previsibilidad en un año que se piensa puede ser complicado por las consecuencias de la crisis económico-financiera internacional. La propia Cristina Fernández había recogido a fines del año pasado la preocupación empresaria por la necesidad de rebajar las presiones de aumentos salariales en el 2012, ante las incógnitas que puede traer el mundo este año.

En su mayoría, los que plantearon esta cuestión a la jefa de Estado, fueron multinacionales que prometieron mantener el nivel de empleo y cierto control en los precios, si se despejaba la duda respecto a la pauta salarial de las paritarias.

Un acuerdo con la UOM y SMATA tendría una consecuencia política importante: por primera vez desde el 2005, serían estos gremios y no el de camioneros de Hugo Moyano, los elegidos del gobierno para fijar la nueva pauta salarial. Hasta ahora, habían sido las negociaciones con el titular de la CGT, las que fijaban el aumento de la pauta salarial.

De concretarse, el gobierno rompería este pacto virtual a cambio de un acuerdo con ambos gremios industriales, es decir SMATA y la UOM. Sabe el Ejecutivo que esto tendrá consecuencias en la actitud del titular del gremio de camioneros, las que podrían incluir un rompimiento casi definitivo en las relaciones Gobierno-Moyano.

La relación entre Daniel Scioli y Gabriel Mariotto no es la mas aceitada, y cuando la oportunidad lo permite, se pueden tiran con todo. Incluso hay quienes castigan públicamente al gobernador, como es el caso del ex ministro y jefe de gabinete, hoy senador nacional, Aníbal Fernández. Al ser consultado sobre las polémicas que protagonizó los mandatarios provinciales, declaró: "Mariotto es un cuadro político; no se puede pretender que diga ´amén´ a cualquier cosa".

Para más, el vice ya está instalado y, habiendo pasado lista para febrero, comenzará a desplegar una intensa actividad, basada en el presupuesto de casi 500 millones de pesos que maneja para sueldos y módulos especiales. Por su parte, si bien Scioli ya está acostumbrado al destrato y a ser mirado de reojo por parte del gobierno nacional, seguirá adelante intentando aprovechar al máximo hechos mediáticos como el Rally Dakar y otras actividades en la Costa Atlántida; y el corrimiento del primer plano de Amado Boudou, hoy adaptándose a un puesto nuevo que viene con ruidos de la gestión anterior de Julio Cobos.

La sequía está pegando fuerte en distintas provincias y preocupa cada vez más a los productores que ven amenazada parte de la cosecha de soja y maiz, entre otras plantaciones. Una de las zonas más afectadas es Santa Fe, y si bien su gobernador, Antonio Bonfatti, prometió "ocuparse de una realidad que no podemos manejar como es la lluvia", la ayuda desde el Ejecutivo nacional se dilata.  

Esta semana se juntaron en Olivos el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, y el secretario de Comercio Interior, Guillero Moreno, y le presentaron a la Presidenta un proyecto consensuado para hacer frente a la situación. La idea era anunciar en una rueda de prensa posterior a la reunión, el lanzamiento del nuevo esquema comercial para trigo y maíz. Sin embargo, la Presidenta resolvió posponerlo una semana "por cuestiones legales", lo que dejó desairados a los representantes de los exportadores que se habían congregado en la sede de Agricultura.